Azpeitia Oroimena

Memoria histórica – Historia

Durante la Guerra Civil y las primeras dos décadas de dictadura, los golpistas cometieron innumerables crímenes contra la humanidad. Son los años en los que el ideario fascista estuvo más presente, no sólo en el ámbito institucional o en la imitación estética, sino también en lo que a la represión se refiere, a través de campos de concentración, el trabajo esclavo o la eliminación física del enemigo político. Hasta 1948 no quedó derogado el estado de guerra, y a pesar de que desde entonces el régimen derivó parte de su sistema represivo a la administración civil, la jurisdicción militar siguió estando muy presente. Por tanto, recopilamos en este apartado todas aquellas violaciones de derechos humanos y la represión ejercida por la dictadura durante el conflicto bélico y en un contexto de posguerra, el cual se alargó más allá del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la desaparición casi definitiva de aquellos que habían combatido a los golpistas desde sus inicios.

Con respecto a lo sucedido en Azpeitia, la localidad se convirtió a comienzos de agosto de 1936 en un enclave principal de la resistencia vasca a la sublevación militar en Gipuzkoa. Dirigentes de las diferentes facciones nacionalistas consituyeron en Loiola las Milicias Vascas, bajo el nombre oficial de Euzko Gudarostea Azpeiti-Buruzagitza. A partir de entonces, y hasta el 20 de septiembre, miles de jóvenes voluntarios acudieron a Azpeitia y, comandados por Cándido Saseta, se enfrentaron a los sublevados en el valle de Aiztondo, Mandubia, Murumendi, Astigarreta, Bidania, Albiztur o el en el barrio de Urkizu (Tolosa).

Con la entrada de las tropas golpistas en Azpeitia cientos de vecinos huyeron de la localidad ante el temor a represalias. El sábado 19, el Comité de Guerra de Azpeitia hizo público un bando en el que avisaba de la cercanía de los requetés y la posibilidad de huir de la localidad en trenes habilitados para tal motivo. Empezó entonces la evacuación de Azpeitia, la despedida de aquellos que huían de los familiares que decidían quedarse. Mujeres, niños y ancianos también huyeron, si bien, en menor proporción que los varones que de alguna forma u otra habían colaborado con el Comité de Defensa o simplemente podrían considerárseles contrarios a la sublevación militar. También, evidentemente, huían todos aquellos dispuestos a seguir combatiendo contra los golpistas. Las noticias que llegaban de los huidos de otras zonas de Gipuzkoa que habían sido ocupadas anteriormente eran escalofriantes, por lo que fueron muchos los azpeitiarras que escaparon en los dos trenes que partieron de la estación de Azpeitia a las 15h del día 19. Según Ignacio Arteche, huyeron de Azpeitia entre 800 y 1000 personas. La mayor parte de ellos se refugiaron en Bizkaia y tras la caída del frente Norte regresaron a Azpeitia. Si bien, aquellos que se refugiaron en tierras lejanas (América, Filipinas, Inglaterra…) tardaron en regresar o no volvieron nunca.  Inglaterra fue, por ejemplo, el destino de los hermanos menores de edad PEDROSA MENDOZA (Alejandro, Cecilia, Lolita y Jesús), los cuales partieron desde el puerto de Bilbao el 23 de mayo de 1937. El motivo del éxodo de estos niños fue la cercanía del padre, Gabriel Pedrosa, trabajador del ferrocarril del Urola, al movimiento comunista.  Por otro lado, al menos uno de los cientos de azpeitiarras exiliados, desapareció y nunca más regreso a casa:  Faustino Azpiazu Arrieta “Indotarrak”.

Sin embargo, otros muchos vecinos del municipio se quedaron. Sobre todo, evidentemente, simpatizantes carlistas. Pero también, personas de ideología nacionalista como el sacerdote Iñaki Azpiazu, “por creer que el movimiento era únicamente anticomunista”. Del mismo modo, decidió no abandonar Azpeitia el alcalde Ciriaco Aguirre, después de que Ignacio Pérez Arregui le convenciera de no hacerlo al pensar que no sería molestado por su buena conducta a partir del estallido de la guerra. Se equivocaba el exdiputado tradicionalista, ya que Ciriaco pasaría los siguientes cuatro años encarcelado, condenado por un supuesto delito de “auxilio a la rebelión”.

Pero sin lugar a dudas, las personas que más sufrieron las consecuencias del ataque de los sublevados sobre Azpeitia y finalmente su conquista fueron aquellos que perdieron la vida. La primera de ellas fue José Sarasua Uranga “Kukubiltxo”,un niño de 11 años que jugaba junto a su amigo Nicolás Aguirre, el cual resultó herido. Ambos jugaban el día 20 de septiembre sobre las 11:00h en las proximidades del caserío Enparan gain, lugar en el que residían. Durante años, la versión sobre lo sucedido responsabilizaba a miembros de la CNT, los cuales habría confundido al joven con un requeté al llevar aquel una camisa azul. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1936 a las 11 de la mañana los cenetistas ya no se encontraban en Azpeitia. En cambio, justo en ese momento del día se producía la entrada de los requetés en la localidad por las inmediaciones del barrio de Enparan, por lo que fueron éstos los que creyendo que huían varios individuos dispararon a José y Nicolás.

Por otro lado, a causa de los bombardeos sobre la localidad murieron al menos 3 civiles (Bernabé Arruti Arrillaga, Raimundo Bereciartua Arizaga y José María Larrañaga Zabaleta) y una cuarta fue herida (Benito Larrañaga Bereciartua), a pesar de que en diferentes puntos de la localidad se habían acondicionado desde el inicio de la guerra refugios antiaéreos. A este respecto, desde finales de julio varios miembros del Comité de Defensa llevaron a cabo el transporte de sacos de arena desde Zarautz con el fin de construir dichos refugios, si bien, muchos de éstos eran simplemente los establos de los caseríos. Asimismo la fragua de “Saralle” al final de la calle Enparan y los sótanos del santuario de Loiola fueron lugares a los que acudían a cobijarse apresuradamente los azpeitiarras cuando las sirenas y campanas avisaban de la cercanía de la aviación.

Una vez constituidas las autoridades locales franquistas, comenzó un proceso de depuración de cargos publicos que finalizó con las expulsión de sus puestos de trabajo de al menos 36 azpeitiarras. Asimismo, decenas fueron encarcelados en la cárcel de Azpeitia, y el antiguo lazareto fue habiilitado como rpisión para mujeres. Durante los meses posteriores a la formación de la Junta de Guerra Carlista y la Comandancia Militar de Azpeitia fueron decenas los azpeitiarras y guipuzcoanos de municipios adyacentes los que ingresaron en esta penitenciaría, incluyendo a varios sacerdotes como Iñaki Azpiazu o José Antonio Lasquibar. En el mejor de los casos, el encarcelamiento de éstos se reducía a un periodo corto de tiempo que finalizaba una vez era abonada la sanción impuesta por la Comandancia Militar. En el peor de los supuestos, serían sacados de los calabozos para ser fusilados.

Para otros azpeitiarras, los que eran detenidos por orden del gobernador civil de Gipuzkoa, la prisión de Azpeitia suponía una reclusión temporal a la espera de ser trasladado a la prisión de Ondarreta en Donostia, donde serían juzgados en consejo de guerra. Esta dinámica se acrecentó a medida que regresaron a Azpeitia aquellos vecinos que no habían tenido ningún tipo de actuación significativa en la guerra y que simplemente habían huido de la localidad, creyendo que a su vuelta no serían represaliados por las nuevas autoridades. Sin embargo, serían varios los que nada más llegar fueron denunciados por algún vecino y encarcelados. Este fue el caso de las hermanas María y Maximina Arrieta Zubimendi, denunciadas por las miembros de la organización femenina Margaritas, Rosario Echevarria Altamira, Ignacia Bereciartua Azpiazu y Pilar Aguirre Pérez.

Por su parte, en 1939, finalizada la guerra, los que regresaban y eran inmediatamente detenidos fueron excombatientes o personas que habían tenido algún papel destacado durante la “dominación roja”, los cuales no habían sido capturados por el ejército franquista, o bien habían quedado en libertad tras haber permanecido recluidos durante algún tiempo. En este caso, aparte de denuncias de particulares, eran sobre todo las pesquisas de Falange y otros poderes locales los que iniciaban el proceso de detención con el objetivo de aclarar “la actuación de dicho sujeto en relación con el glorioso movimiento nacional”. Esto fue lo que les ocurrió a personas como Esteban Barredo, José Campos, Antonio Juaristi o Daniel Odriozola, todos ellos trasladados posteriormente a la prisión de Ondarreta antes de quedar bajo la jurisdicción de un juez militar. Otro ejemplo sería el de los cinco  azpeitiarras acusados de deserción y que posteriormente serían absueltos: Lucas Orbegozo Orbegozo, Ignacio Zubimendi Olaizola, Tomás Odriozola Echeverria, y los hermanos Ignacio y José Ramón Odriozola Alberdi.

En cualquier caso, lo destacable es que para azpeitiarras y presos vascos de otras localidades la prisión de Azpeitia no fue un lugar de destino tras ser condenados, sino una penitenciaria de reclusión temporal previo a ser enjuiciados por tribunales militares franquistas. En cambio, fueron decenas los presos republicanos españoles que tuvieron como destino la cárcel de Azpeitia una vez condenados en sus provincias de origen, al igual que muchos presos vascos eran trasladados a Andalucía o Extremadura. De este modo se hizo patente la política de dispersión que el régimen franquista había diseñado, con el único propósito de agravar la condena de los represaliados.

La mayor parte de los presos republicanos españoles encarcelados en Azpeitia procedían de la provincia de Jaén (27 de los 43 presos documentados) y habían sido condenados por un delito de “auxilio a la rebelión” en consejo de guerra. Según el testimonio de José de Arteche, estos presos eran sacados de la cárcel y obligados a realizar trabajos forzosos en diversos puntos del municipio, entre otras, a limpiar las calles de nieve.

La consecuencia más traumática de todo ello fue que, además de la defunción de Francisca Gálvez Vázquez en la prisión de mujeres, al menos cuatro de estos presos fallecieron en la cárcel de Azpeitia entre 1939 y 1941: Juan Morales Artilles, Juan Casado Lorite, Francisco Delfa Hernández y Luis Palomino Gutiérrez. Todos ellos fueron enterrados en el cementerio de Azpeitia. Por su parte, Manuel Martín Martínez fue trasladado en julio de 1941 desde la prisión de Azpeitia al Hospital Civil de San Antonio Abad (Hospital de Manteo) de Donostia, donde fallecería el 14 de febrero de 1942 debido a una tuberculosis pulmonar.

En cuanto a la represión contra las mujeres, éstas fueron las principales víctimas en la retaguardia. Aunque muchas azpeitiarras huyeron junto al resto de sus familias hacia Bizkaia poco antes de la entrada de las tropas sublevadas en Azpeitia el 20 de septiembre de 1936, fueron aún más las que decidieron quedarse a pesar de que sus maridos, hijos o hermanos decidieron huir y unirse a los batallones que luchaban contra los golpistas. Desde el momento en el que les tocó despedirse de sus parientes fueron conscientes del sufrimiento que suponía la ruptura familiar a causa de la guerra. “Au da ba gerrie, au da ba gerrie”, gritaban desconsoladas algunas ancianas que veían marchar a sus familiares el 19 de septiembre; “Largos abrazos, consejos recíprocos, maridos que besaban a sus mujeres y niños, lágrimas, angustia, dolor”, describía Iñaki Azpiazu los acontecimientos de aquel mismo día. Sin embargo, seguramente desconocían las represalias que contra ellas iban a tomar los súbditos de “El Director” (el militar Emilio Mola) una vez conquistada Azpeitia.

La represalia de carácter formal más repetida fue el destierro. Esta medida represiva significaba la expulsión de la localidad de familiares de personas que habían actuado durante la guerra contra los sublevados, o simplemente contrarios al ideario golpista, adelantándose así a  varias disposiciones de la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939. Esta normativa que castigaba con el destierro a los familiares directos de los perseguidos en caso de desaparición o muerte de éstos. Por tanto, dos años antes de que se aprobara la mencionada ley, la Comandancia Militar de Azpeitia expulsó de sus casas y mandó al destierro a varias mujeres, algunas de ellas junto a sus hijos menores de edad.

Fuera de Azpeitia quedaron los prisioneros de guerra. De todos ellos, 163 azpeitiarras, 10 de ellos mujeres, fueron juzgados por tribunales militares. Consejos de guerra donde las garantías procesales y los principios que rigen el derecho penal fueron sistemáticamente vulnerados en aras de la “rapidez y ejemplaridad” del proceso militar. Las condenas más frecuentes fueron  las de reclusión perpetua (25) y las de 12 años y 1 día (23), si bien, en 1941 la Comisión de Examen de Penas procedió a la conmutación de la mayor parte de las penas impuestas por condenas de reclusión considerablemente inferiores. Esto supuso que a partir de 1943 la mayor parte de los represaliados quedaron en libertad vigilada, sin la posibilidad de ejercer cargo público y bajo el control de la Guardia Civil  y la Jefatura Local de Falange de la localidad en el que hubieran establecido su residencia.

No obstante, no todos lograron finalmente recobrar la libertad, aunque ésta fuera limitada bajo el control del régimen dictatorial. Los represaliados José María Aguirre Arregui y Manuel Torrano Senar fallecieron en el fuerte de San Cristóbal “por enfermedad”, mientras que Jesús Arizaga Gurruchaga, José Francisco Orbegozo Goenaga, y el que fuera concejal baserritarra en 1933, José Antonio Altuna Garate, también murieron una vez que se habían iniciado los consejos de guerra que les juzgaban, probablemente encontrándose encarcelados. Asimismo, en aplicación de la pena capital, fue fusilado el vecino de Nuarbe José María Aranguren Odriozola el 11 de marzo de 1938 en Bilbao.