Azpeitia Oroimena

Memoria reciente – Historia

A partir de la década de 1960 llegaba a la mayoría de edad una generación de jóvenes que no había vivido la guerra. Una nueva clase estudiantil, de obreros, de ciudadanos comprometidos con la recuperación de la cultura vasca y el euskera, ajenos en gran medida a los aparatos de los partidos políticos en el exilio, y que a partir de las transformaciones que se estaban produciendo en Europa y América latina encontraron nuevas formas de oponerse a la dictadura. Euskal Herria se convirtió en el principal foco del antifranquismo durante estos años, debido fundamentalmente a la capacidad de los grupos antifranquistas más activos de conectar la reivindicación nacional y las luchas sociales. Surgió entonces lo que conocemos como el conflicto vasco, la resistencia armada contra la dictadura, a la que ésta responderá con el uso indiscriminado de la fuerza a través de sus cuerpos policiales, consejos de guerra y tribunales y leyes de excepción. Un conflicto socio-político que pervivirá a la muerte del dictador y que en la actualidad no puede darse por finalizado, pero que desde el cese de la violencia por parte de ETA en 2011 se encamina de manera progresiva al fin definitivo del uso de métodos violentos y coercitivos característicos de un período determinado. Reunimos aquí todas aquellas personas que han padecido y padecen violaciones de derechos humanos fundamentales a causa del conflicto político vasco.

A comienzos de 1960 Azpeitia era un municipio sociológicamente homogéneo, al no ser muy significativo el censo de personas llegadas del exterior para trabajar en su industria. La actividad antifranquista, por tanto, estuvo principalmente ligada al nacionalismo e independentismo vasco.

Entre 1960 y 1975 al menos 47 azpeitiarras padecieron algún tipo de violación de los derechos humanos por parte de funcionarios policiales del régimen franquista. 21 personas fueron juzgadas por el TOP, 22 han denunciado haber sufrido malos tratos o torturas bajo custodia policial, y de los 5 azpeitiarras detenidos durante el estado de excepción de 1968, 2 fueron desterrados a pueblos de Andalucía.  Tras el fusilamiento de Ángel Otaegi Etxeberria en 1975, Antton Aldalur Irigoien y Koldo Amenabar Arzalluz permanecieron 40 días encarcelados en Martutene por participar en las manifestaciones de protesta. En cualquier caso, existen ciertas tipologías de vulneraciones de derechos humanos que entrañan una dificultad añadida con respecto a la identificación de las personas que las han sufrido, por lo que es probable que la cifra de personas represaliadas en este período sea mayor a los casos documentados.

La existencia de un cuartel de la Guardia Civil en Azpetia fue el motivo por el que esta fuerza armada de la dictadura fuera la responsable de la mayor parte de las detenciones y los malos tratos contra azpeitiarras. De las 103 personas que han denunciado haber sufrido malos tratos o torturas entre 1960 y 2017 por fuerzas policiales del Estado español, 22 se refieren a casos sucedidos entre 1960 y la muerte del dictador. Estas 22 personas represaliadas se corresponden con 26 casos, puesto que al menos 4 han denunciado más de dos casos. El año en el que mayor número de denuncias se produce es 1975. En 13 ocasiones las denuncias hacen responsable a agentes de la Guardia Civil, mientras que en 9 casos al Cuerpo General de Policia, principalmente a policías de la Brigada político-social.  2 son mujeres, las hermanas Uzkudun Odriozola detenidas tras una manifestación en Donostia en 1967. El primero de los casos documentados es el de Andoni Albizuri Aguirregabiria Detenido el 9 de noviembre de 1964, permaneció incomunicado durante 5 días, recibiendo torturas tanto físicas como psicológicas. Estas torturas a las que fue sometido solo fueron relatadas en el ámbito familiar.

Con motivo del estado de excepción de 1968 al menos cinco azpeitiarras fueron detenidos, de los cuales tres fueron desterrados. Jexux Arrizabalaga al municipio cordobés de Obejo, donde permaneció hasta que en octubre fue trasladado a la prisión de Martutene para ser juzgado por un tribunal militar. José Ángel Aguirre Elustondo a Coripe (Sevilla) entre el 14 de agosto y mediados de noviembre, y Alejandro Oyarzabal Zubiaurre a Fuente Obejuna (Córdoba) desde el 15 de agosto a mediados de diciembre. Posteriormente, el 24 de enero de 1969, la dictadura amplió el régimen de excepcionalidad la conjunto del Estado español hasta el 24 de marzo del mismo año. En ese contexto se llevó a cabo la detención del azpeitiarra José María Peña Iriarte, el cual ha denunciado haber sufrido torturas durante su estancia en dependencias del Cuerpo General de Policía a comienzos del mes de marzo.

En cuanto a los azpeitiarras juzgados por el TOP, 10 fueron sentenciados en firme (uno de ellos, Francisco María Eguibar Echeverria, en dos ocasiones) y 11 no llegaron a ser sentenciados. De éstos, al menos 4 (Ramón Goenaga Oiarzabal, José María Arregi Galarraga, Iñaki Alkorta y Aitor Saldias Orbegozo) permanecieron encarcelados entre el 9 de septiembre y el 15 de noviembre de 1975 en aplicación de la ley antiterrorista aprobada el 26 de agosto de 1975. Del total de las 21 personas detenidas derivadas al TOP, 3 fueron mujeres: María Beatriz Arrizabalaga Aramendi, Miren Odriozola Uzkudun y María Dolores Ugarte Epelde. Tan solo Miren Odriozola llegó a ser sentenciada, sucedió el 22 de mayo de 1973, y fue condenada a 3 años de prisión y a apagar el coste del proceso por un supuesto delito de asociación ilícita.

Con todo, la acción represiva más cruel de la dictadura ocurrida contra un azpeitiarra durante este período fue el fusilamiento de Ángel Otaegi Etxeberria. Nacido en 1942 en Nuarbe, durante algún tiempo estuvo vinculado a EGI para posteriormente, en 1972, incorporarse al Frente Obrero de ETA-V. Con posterioridad, a comienzos de 1973, pasó al Frente Militar. Cinco días después de la muerte de Gregorio Posada Zurrón, el teniente coronel de la 551ª Compañía de la Guardia Civil emitió un informe en el que varios testigos, incluido la esposa del subteniente del puesto de Azpeitia (“aunque no se debe dar mucho crédito por escasez de vista”), habían reconocido a los dos miembros de ETA que supuestamente habían sido los autores de la muerte del cabo 1º. Ninguno de ellos era Ángel Otaegi. A pesar de ello, el juez instructor, José Lasanta Martínez, dictó el sobreseimiento provisional de la causa el 1 de junio de 1974 “resultando que hechas las averiguaciones oportunas no se ha podido determinar el autor o autores del hecho”.

Sin embargo, cuatro meses después, los militantes de ETA José María Arruabarrena Esnaola y José Antonio Garmendia Artola cayeron gravemente heridos por disparos de la Policía Armada, y según el abogado Juan Mari Bandrés “a pesar de que han dejado las armas en el vehículo y han salido corriendo desarmados, son acribillados a balazos junto a la Facultad de Derecho de Donostia, ante numerosos testigos”. José Antonio Garmendia permaneció en coma 15 días, quedando posteriormente en un estado de invalidez, “psíquicamente descerebrado y obnubilado” y físicamente “sin poder mover las extremidades inferiores ni superiores”. En esta situación, a la que habría que añadir el estado de incomunicación al que fue sometido durante 4 meses en el Hospital penitenciario de Carabanchel, Garmendia imprimió su huella dactilar en varias declaraciones (primero ante un juez militar y después de forma ilegal ante la policía del régimen) que llevarían a la detención de un matrimonio de Azpeitia y posteriormente de Ángel Otaegi; a pesar de que su estado físico no le permitía mover “ni sus manos ni sus piernas, por lo que alguno de sus dedos tuvo que ser llevado por otra persona al tampón y al papel en el que estaba escrita su declaración”.

Ángel Otaegi fue detenido en su domicilio el 18 de noviembre de 1974 y trasladado a la Prisión Provincial de Donostia, donde permaneció hasta su traslado a Burgos el 25 de abril de 1975. La presión en las calles mediante huelgas y manifestaciones, así como la movilización internacional, obligó a la dictadura a retrasar el juicio hasta el 28 de agosto. Éste se celebró en el cuartel del Regimiento de Artillería nº 63, en Castrillo del Val, a 12 kilómetros de Burgos. A pesar de que el régimen afirmó que el juicio iba a ser “público”, no se permitió la presencia de periodistas extranjeros, y a los observadores internacionales que acudieron (Martín Achad, Georges Impesp, Kurt Madlein y Mme Zieglier), se les denegó la entrada en la sala donde se iba a celebrar el consejo de guerra. Mientras tanto, en varias ciudades europeas miles de personas se manifestaron y organismos como la ONU o la Comisión Europea se pronunciaron a favor del indulto.

En la vista de la causa Otaegi declaró pertenecer a ETA desde hacía 5 años, pero matizando que su misión se ceñía al reparto de propaganda, sin haber portado nunca armas y desconociendo las intenciones de los individuos que envió a alojarse al domicilio de una familia azpeitiarra. Por su parte, las defensas de Garmendia y Otaegi (los abogados Juan Mari Bandrés y Pedro Ruiz Balerdi) pidieron la libre absolución de los acusados debido a la ausencia de pruebas concluyentes y a los modos ilegales por los que habían sido tomados los testimonios. Asimismo, Pedro Ruiz Balerdi señaló cómo cualquiera de las declaraciones que implicaban a Otaegi, incluso el escrito del fiscal, se circunscribían a un supuesto delito calificado en el artículo 198 “de actos cómplices y no autores”; es decir, en ningún caso fue autor de los disparos contra el guardia civil Gregorio Posada. Además, el fiscal del caso, el comandante Carlos Granados Mezquita, el cual solicitó la pena de  muerte dos días después del traslado a Burgos de Otaegi (el 27 de abril), fue recusado por los abogados defensores por incluir en sus informes consideraciones relativas a la ideología de los detenidos, cuando a priori la ley solo castigaba actuaciones concretas.

A las 11:00 horas del 29 de agosto fueron convocados los abogados defensores ante el consejo de guerra. La sentencia, difundida por los medios internacionales, condenaba a pena de muerte a José Antonio Garmendia y Ángel Otaegi como responsables, en concepto de autores, del delito de terrorismo en su modalidad de atentado con resultado de muerte. Además, se condenaba a Garmendia a 15 años de prisión por un delito de tenencia de armas. Como estaba establecido, el auditor de guerra era quien proponía al capitán general de la 6ª región Militar de Burgos (Mateo Prada Canillas) aprobar o no la sentencia dictada. En este caso, el auditor propuso su aprobación, y el capitán general la confirmó. Al día siguiente el Ayuntamiento de Azpeitia se reunió en sesión extraordinaria con el único objetivo de aprobar una moción presentada por los concejales Rafael Larrañaga Albizu, Lorenzo Soraluce Juaristi, Manuel Elías Odriozola y Manuel María Altuna Bengoechea, en la que se solicitaba clemencia para Ángel Otaegi. La Corporación acordó por unanimidad aprobar la moción y enviar un telegrama con lo acordado al dictador Francisco Franco.

El 26 de septiembre el Consejo de Ministros ratificó la condena contra Ángel Otaegi y conmutó a cadena perpetua la de José Antonio Garmendia. Ese mismo día, habiendo recibido el “enterado”, el capitán general de la Sexta Región Militar en Burgos (Mateo Prada Canillas) encargó al capitán de la 3ª Compañía de la Policía Armada (Tomás Alonso del Barrio) que designara a los individuos de la tropa a su mando que iban a fusilar a Ángel Otaegi, mientras que al comandante de Infantería y juez instructor Jesús Peña Sancho le ordenó la apertura de las diligencias necesarias para la ejecución. La madrugada de aquel día la madre de Ángel Otaegi se despidió de su hijo. El 27a las 8:00h fue fusilado.

Tras la muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde se da inicio al período conocido como la transición española. El 22 de noviembre de 1975, tan sólo dos días después su fallecimiento, Juan Carlos Borbon  fue nombrado rey del Estado español, el cual había sido designado, bajo el título de “Príncipe de España”, como sucesor del dictador el 22 de julio de 1969.

Tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas a partir de un decreto ley aprobada en abril por Adolfo Suarez. A pesar de la legalización de los principales sindicatos y partidos opositores al régimen franquista, continuaban ilegalizados organizaciones consideradas rupturistas o revolucionarias, por lo que éstas tuvieron que recurrir a otras siglas para presentarse a los comicios. En el mes de octubre de aquel año de 1977 fue aprobada la Ley de amnistía de 1977, posteriormente denunciada por organismos internacionales ante el obstáculo que supone a la hora de poder delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.

Asimismo, seguían vigentes las principales leyes e instituciones del franquismo, entre ellas la Ley de Orden Público de 1959 por la que se regía la actividad de los diferentes cuerpos policiales. El 6 de diciembre de 1978 se aprobaría en referéndum la Constitución española, dándose prácticamente por finalizado el período de transición hacia un sistema democrático. Sin embargo, quedaba la renovación de las Cortes y los ayuntamientos a través de las elecciones legislativas y municipales celebradas en la primavera de 1979. Asimismo, el 18 de diciembre de 1979 fue aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco, refrendado por la sociedad vasca, pero que generó una división política en la sociedad vasca entre aquellos que aceptaron el nuevo marco legal y los que seguían reclamando la ruptura con el régimen establecido a partir de la Constitución de 1978, rechazando la separación de las provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de Navarra, y reclamando el derecho de autodeterminación. El 23 de febrero se produjo un frustrado de golpe de Estado, en lo que puede considerarse un acto más de la cúpula militar en su intento de condicionar o limitar el cambio político. Entre las consecuencias directas de aquel frustrado golpe de Estado destacan el fortalecimiento de la monarquía y el recorte del autogobierno de las Comunidades Autónomas a través de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Un año más tarde de la intentona golpista, concretamente entre los días 20 y 21 de febrero de 1982, se llevó a cabo la VIII asamblea de ETApm, cuya división interna marcaría su posterior disolución.

Este período de transición se cerró con las primeras elecciones generales tras la aprobación de la Constitución, en octubre de 1982. Durante estos años la conflictividad social y política  demuestra que lejos de una transición pacífica, la violencia tanto estatal y de grupos parapoliciales y de extrema derecha, así como de organizaciones contestarías, tuvo una enorme repercusión; no sólo en Hego Euskal Herria sino también en el resto del Estado español.

En Azpeitia, entre 1976 y 1982, al menos 63 personas sufrieron algun tipo violación de derechos humanos, motivado por la violencia de motivación política. Seis guardias civiles perdieron la vida tras dos atentados de ETAm en 1979, y dos militantes de CAA dispararon contra el hostelero Ignacio Lasa Rezola. Ignacio falleció en el acto. Además de los fallecidos, 37 azpeitiarras han denunciado haber sufrido torturas en este período, 21 a manos de la Guardia Civil y 14 por parte de la Policía Nacional.

1982 finalizó con la formación del primer gobierno socialista presidido por Felipe González Márquez. En febrero de 1983 se dio a conocer el Plan ZEN (Zona Especial Norte), un documento elaborado por la Dirección de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior español dirigido por José Barrionuevo Peña. Su objetivo era potenciar “la lucha contraterrorista en todos los campos: político, social, legal y policial”, lo que supuso un aumento considerable del presupuesto antiterroristas y del número de agentes, especialmente del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, y la aplicación de medidas excepcionales y coercitivas que afectaban al conjunto de la sociedad vasca. Este Plan fue implementado con la Ley antiterrorista aprobada el 26 de diciembre de 1984 (Ley Orgánica 9/1984), en sustitución de la Ley 11/80. Varios de los puntos fueron declarados inconstitucionales en diciembre de 1987 por el Tribunal Constitucional, al considerar que atentaban contra el reconocimiento, la protección y las garantías que en defensa de los derechos humanos establecía la Constitución española.

En cualquier caso, la puesta en marcha del Plan ZEN coincidió con el surgimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuya actividad criminal se desarrolló al menos hasta 1987. Los GAL sintetizaron en una sola organización el terrorismo de Estado, lo que fue conocido con el eufemismo de guerra sucia desde que las investigaciones periodísticas descubrieran las implicaciones políticas que subyacían en el funcionamiento de esta organización. Años más tarde, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, los gobernadores civiles de Bizkaia y Gipuzkoa, y el máximo jefe de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el Comunidad Autónoma Vasca, además de varios agentes de ambos cuerpos, fueron juzgados por actividades desarrolladas por los GAL. En la década de 1980 es cuando mayor número de denuncias por torturas bajo custodia policial se produce en la Comunidad Autónoma Vasca, con un total de 1184 casos. En 1981 murió en el hospital de la cárcel de Carbanchel Joxe Arregi Izarregi a consecuencia de las torturas a las que fue sometido. En 1983 se produjo el secuestro y posterior asesinato de Jose Antonio Lasa Arostegi y Jose Ignazio Zabala Artano. En 1985 fue detenido Mikel Zabaltza Garate, cuyo cuerpo apareció 20 días más tarde en el río Bidasoa.

Entre los años en que estuvieron activos los GAL, ETA y “grupos afines” acabaron con la vida de más de 200 personas. El 19 de junio de 1987 ETA colocó un coche-bomba en el aparcamiento del centro comercial de la empresa Hipercor en Barcelona, causando 21 muertos y 45 heridos. En 1988 todas las fuerzas políticas con representación en el parlamento vasco salvo Herri Batasuna, formalizaron su unidad de acción contra ETA y HB a través del conocido como Pacto de Ajuria Enea. Un año más tarde, el 22 de enero de 1989, ETA declaró una tregua, lo que propició el inicio de las negociaciones de Argel. Esta fue la primera de las diferentes treguas, totales o parciales, que ETA anunció hasta la declaración del “cese definitivo de su actividad armada” el 20 de octubre de 2011.

A partir de 1995 la ponencia Oldartzen aprobada por las bases de HB y la actividad de ETA aumentaron la presión coercitiva sobre el conjunto de la sociedad, en una estrategia que se ha dado en denominar “la socialización del sufrimiento”. El 23 de enero ETAm atentó por primera vez contra un cargo político, acabando con la vida del máximo responsable del PP en Gipuzkoa, Gregorio Ordoñez Fenollar. En el mes de noviembre se reformó el código penal a partir de la  Ley Orgánica 10/1995, y el 4 de mayo de 1996 fue investido como presidente del Gobierno español Jose Maria Aznar López. Posteriormente, el 1 de julio de 1997, fue rescatado José Antonio Ortega Lara, cautivo durante 532 días, finalizando así el secuestro más largo perpetrado por ETA. Doce días más tarde falleció Miguel Ángel Blanco tras ser tiroteado por miembros de ETA. Además, en estos años se produce un incremento significativo de los actos de kale borroka.

El 12 de septiembre de 1998 se firmó el Acuerdo de Lizarra en la búsqueda de un “proceso de diálogo y negociación” entre 39 organizaciones políticas, sindicales y sociales, principalmente formaciones nacionalistas vascas. Cuatro días después ETA declaró su primer alto al fuego “indefinido”. Asimismo, en 1998 se inició, con la clausura del diario Egin y detención de sus responsables por orden del magistrado de la Audiencia nacional Baltasar Garzón Real, la persecución policial y judicial contra organizaciones y medios afines a la izquierda abertzale, lo que popularmente se ha dado a conocer como la doctrina de “todo es ETA”. Esta actividad contra ETA y su “entramado” encontró amparo en las diferentes reformas legislativas, fundamentalmente con la aprobación de la Ley de Partidos en 2002, la cual llevó a la ilegalización  en 2013 de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Asimismo, tuvo como consecuencia el aumento de las denuncias de casos de tortura bajo custodia policial y la posterior imputación de más de 200 personas en diferentes procesos judiciales colectivos que afectaban, entre otros, a miembros de partidos políticos, euskaltegis, medios de comunicación, u organizaciones como la Fundación Joxemi Zumalabe.

Entre 2003 y 2011 un total de 12 candidaturas electorales afines a la izquierda abertzale fueron impugnadas, dejando sin representatividad política en las instituciones durante este período a una parte significativa de la sociedad vasca. Este hecho trajo como consecuencia el aumento de la presión y el número de amenazas graves contra electos municipales de otras sensibilidades políticas.

El 18 de febrero de 2004 ETA declaró la suspensión de todas sus «acciones armadas» en Cataluña, y en 2005 el cese de los ataques contra cargos electos españoles. El 22 de marzo de 2006 ETA declaró un alto al fuego permanente, lo que posibilitó un proceso de negociación entre el Gobierno de España y la organización armada. Tras el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos personas, el Gobierno presidido por Jose Luis Rodriguez Zapatero dio por rota las negociaciones. El 30 de julio de 2009 ETA asesinó a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, en la localidad de Calviá (Islas Baleares), siendo éste el último atentado con víctimas mortales de la organización armada. No obstante, el 16 de marzo de 2010 se produjo un tiroteo en la localidad francesa de Dammarie-les-Lys entre miembro de las Gendarmerie y ETA en el que falleció el policía francés Jean-Serge Nérin. El 5 de septiembre de 2010 ETA anunció el fin de las “acciones armadas ofensivas», el 10 de enero de 2011 un alto el fuego «permanente», y finalmente, el 20 de octubre de 2011, el cese definitivo de la actividad armada. Un mes antes, se había constituido la Comisión Internacional de Verificación (CIV), compuesta por grupo de seis personas con experiencia internacional en procesos de paz y seguridad, cuyo trabajo culminó con la entrega de armas por parte de ETA el 8 de abril de 2017. En la actualidad el reconociendo de las víctimas y la situación de los presos son las dos cuestiones que más interés público y movimientos políticos están produciendo en lo concerniente al conflicto

En Azpeitia, entre 1983 y 2017, al menos 127personas sufrieron algun tipo violación de derechos humanos, motivado por la violencia de motivación política. En 1983 CAA atentó motarlemente contra Francisco Machío Martos, natural de Hornachos (Badajoz), de 31 años y soltero. Un año más tarde, concretamente el 22 de marzo de 1984, la unidad especial de la Policía Nacional «GEO» ametralló la zodiac en la que viajaban cinco militantes de CAA, acabando con la vida de cuatro de ellos. Dos eran azpeitiarras, Dionisio Aizpuru y Pedro Mari Isart. En 2008, ETA atentó mortalmente contra el empresario Inaxio Uria. Su muerte causó una gran conmoción en la localidad. La sociedad azpeitiarra dio grandes muestras de de pesar y soliradidad con la familia, pero al mismo tiempo el atentado originó una situación de grave deterioro social.

Además de los fallecidos citados, se produjeron en este período dos secuestros (Jesús Guibert y Ángel Carasusan), y de las 127 víctimas de violaciones de derechos humanos, el 26% (33 personas) han denunciado haber sido torturadas por agentes policiales.